En Yucatán 7 de cada 10 talleres mecánicos o micronegocios que manejan aceites o lubricantes, así como otros residuos peligrosos, no cumplen con la normativa ambiental, ya que son desechados al suelo y contaminan el manto freático.
Sin embargo, con las reformas al marco legal y la nueva Ley de Equilibrio Ecológico, la Profepa pretende poner orden en este renglón; en una primera fase llevará a cabo una campaña de concientización y comunicación sobre los cambios a la ley.
José Lafontaine Hamui, delegado de Profepa en Yucatán, explicó que desde hace 2 semanas entraron en vigor las reformas a la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y la nueva Ley equilibrio ecológico y la protección al ambiente, las cuales proporcionan a la Procuraduría mayores facultades para ordenar las prácticas que dañan el ambiente, como el derrame de aceites.
De acuerdo con las estadísticas del Inegi, en el Estado operan 113 unidades económicas que comercializan aceites, lubricantes y combustibles, pero no contempla el número total de establecimientos que se dedican al cambio de aceite en autos, motos y cualquier vehículo, los cuales están obligados y son responsables a almacenar los residuos en tambos especiales, etiquetarlos y ponerse en contacto con los recolectores para que los transporten a los depósitos que hay habilitados en Tabasco y Nuevo León.
El nuevo marco legal ahora hace responsables a todos los involucrados, desde el que vende, el que cambia y el que recolecta los desechos peligrosos como los aceites.
“Todas las empresas relacionadas con residuos peligrosas deben seguir la normativa y están obligadas y tienen corresponsabilidad; desde quien lo comercializa, lo desecha y lo recolecta. La ley se ha rigorizado, se han aumentado los requisitos que nos permite aplicar mejor la ley. Antes había menos requisitos en el etiquetado de tambos, ahora son más, para poder identificar los tambos y transportarlos.
“También vamos levantando el padrón para ir sancionando al que no cumpla. Y lamentablemente nos encontramos en las inspecciones que 7 de cada 10 talleres no cumplen con la norma y deben ser sancionados; por eso es que estamos en una campaña de concientización y de aviso en la entrada en vigor de las nuevas leyes con los presidentes municipales y Canacintra, porque no hay conciencia que el derrame de esos residuos daña el manto freático y a la comunidad”, dijo.
Destacó que están en constantes visitas de inspección y vigilancia.
“No queremos ser sancionadores nada más, el desconocimiento en muchos casos los obliga a infraccionar la norma; por eso tenemos el proyecto agresivo de comunicación y la ley misma, porque no se entiende por qué se les pide que cumplan la norma, cuando existen graves daños al ambiente y la salud, si no se aplica la ley”, comentó.
Destacó que es poco el aceite es el que se recolecta en la entidad, porque existe el factor económico que limita a los talleres a pagar por la recolección y prefieren almacenarlo en sus talleres y luego lo derraman.
Más dientes
Otro de los cambios fuertes en materia legal en materia de cuidado del ambiente es la nueva Ley de responsabilidad ambiental, que da a las autoridades ambientales más facultades para poder demandar a los que dañan el ambiente, además de aplicarles multas y cobrarlas.
“Se nos dan mayores facultades y la posibilidad de demandar en materia civil por daños y prejuicios, así como la compensación del daños ambientales generado de manera directa o indirecta.
“Nosotros antes de esta ley, corríamos el procedimiento administrativo que terminaba en una sanción económica o una obligación de hacer, si se contempla el daño. Ahora nos da mayor facultad para interponer una demanda ante el tribunal federal y luego de acreditar el daño causado, exigir el pago como reparación del daño, un poco como en materia penal se da.
“Y que el juez determine cuánto se debe pagar por servicios ambientales; nos hace parte, ya no somos juez, y es paralelo al procedimiento administrativo o penal si se comete un delito contra la biodiversidad”, dijo.
Agregó que la Profepa se convierte en demandante, no sólo en autoridad y la hace representante legal del medio ambiente.
“Nos da mayores facultades para ser mucho más agresivos en el cumplimiento. Ahora hay más elementos para sancionar en materia administrativa que considera la capacidad económica del infractor el grado de culpa el daño causado”, acotó.
Recalcó que no se quitan facultades, sino que aumentan.