La diputada local panista Judith Malta y Monforte reportó hoy que cada año los yucatecos generan un promedio de 5.5 toneladas de desechos de pilas y baterías, la mayor parte de ellos sin una adecuada disposición final.
La legisladora calificó de grave esa situación, pues en varias zonas se ha detectado contaminación por mercurio, 35 por ciento de ésta proveniente de la incineración de pilas entre la basura doméstica.
“Es una costumbre entre nuestra gente que cuando una pila ya no sirve se tira en la basura de la casa, las calles o terrenos baldíos”, lamentó.
Estimó esa cifra en 7.5 millones de pilas por año, como parte de una media nacional de uso de 10 pilas per cápita cada 12 meses, muchas de ellas “piratas”.
Planteó que, ante ese panorama, “el estado debe intervenir de manera urgente para establecer los mecanismos que faciliten la recolección de las pilas en recipientes adecuados y adoptar medidas para el reciclado y destino final ambientalmente seguro”.
Por ser obligación tanto del Estado, como de los municipios y de la sociedad en general, todos debemos de contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente particularmente en la disposición final de las pilas, opinó.
Es necesario, abundó, que se tomen las medidas pertinentes respecto al control y destino de estos materiales, así como promover programas para fomentar en la ciudadanía una cultura de protección y cuidado del medio ambiente.
En este contexto, realizó un exhorto a los 106 municipios del Estado, “para que dentro del ámbito de sus competencias y por conducto de sus dependencias, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, refuercen sus programas de reciclaje, instalando en las medidas de sus posibilidades, centros de acopio de pilas alcalinas”.
Recordó que el 22 de marzo de 2011, el Congreso del Estado aprobó la Ley para la gestión integral de los residuos en el Estado de Yucatán, la cual prevé un apartado para el manejo de residuos eléctricos, electrónicos, pilas y baterías.
La norma obliga a que estos artículos cuando ya no sirvan “deberán ser sometidos a un manejo integral, de acuerdo con los planes de manejo y programas estatales y federales de manejo de residuos sólidos vigentes o, en su caso, en los términos de las disposiciones aplicables”.