La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) iniciará el proceso formal de construcción de la Guardia Nacional, luego de que 18 Congresos locales aprobaron la reforma constitucional que crea la nueva fuerza civil.
Aunque en los hechos la estrategia ya opera con efectivos de las Policías Militar, Naval y Federal, la SSPC lanzará otra convocatoria para reclutar a los nuevos elementos, fase que se prevé inicie durante la segunda quincena de este mes.
A principios de enero, cuando el Congreso de la Unión aún no aprobaba la creación de la Guardia, se lanzó una primera convocatoria para reclutar hasta 50 mil jóvenes a esa corporación que estará adscrita a la SSPC.
Sin embargo, el Gobierno federal aplazó dicha convocatoria y detuvo la inscripción de personas interesadas, tras críticas de la Oposición y organizaciones civiles en el sentido de que se estaba adelantando a la ruta legislativa.
Para la SSPC, es fundamental que la Guardia cuente con más elementos en el mediano plazo, para incrementar el número de efectivos desplegados en las coordinaciones regionales, particularmente en aquellas consideradas prioritarias.
A la fecha, hay alrededor de 45 mil elementos de la Guardia desplegados en 150 coordinaciones. Para 2021 se planea reclutar a 50 mil nuevos efectivos, de los cuales 21 mil serían seleccionados este año.
En tanto se recluta a los nuevos guardias, la Federación iniciará la construcción de las bases operativas que la corporación tendrá en los estados de la República; el plan inicial comprende la edificación de 87 instalaciones con capacidad para 120 elementos cada una.
LO QUE FALTA
El decreto, que ya está listo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley de la Guardia Nacional dentro de los 60 días posteriores a su entrada en vigor.
En tanto se expide esta ley, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones de la Policía Federal, para asegurar la continuidad de sus operaciones, así como la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros.
En los transitorios además se da un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión expida las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y el registro de detenciones.
Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, se podrá disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad de manera extraordinaria.
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