Al menos 25 mil personas al año pierden la vida en accidentes viales en nuestro país y muchas otras resultan con lesiones graves y secuelas permanentes. La mayoría de estos siniestros son provocados por personas ebrias. Sin duda, estamos ante un grave problema de salud pública y de seguridad.
Según los expertos, muchos accidentes de tránsito no ocurrirían, si los guiadores contaran con una buena educación vial. Es decir, si no condujeran después de haber ingerido algunas o muchas copas; si no realizaran maniobras imprudentes; si respetaran los señalamientos viales; si no manejaran a exceso de velocidad; si no tomaran el volante cuando están cansados o con sueño, etc.
La estrategia denominada Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, una iniciativa propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como meta disminuir en 50 por ciento este tipo de accidentes.
Nuestro país es una de las 74 naciones en la que se aplica esta estrategia porque figuramos entre los 10 primeros lugares del mundo por el número de muertes originadas por accidentes viales.
Resulta evidente que las permanentes campañas de concientización que llevan a cabo los gobiernos y algunas organizaciones de la sociedad civil no arrojan los resultados esperados, al menos no con la celeridad que se requiere. Esta realidad ha llevado a las autoridades a implementar otras estrategias un tanto más disuasivas, como los llamados alcoholímetros, que se comenzaron a aplicar en nuestro país apenas en 2003.
El alcoholímetro es un aparato sencillo que mediante un soplo mide qué porcentaje de alcohol tiene una persona en la sangre en el momento de la prueba. Este operativo es itinerante y se aplica en forma aleatoria. Su objetivo básico, como es obvio, es detectar e impedir que personas ebrias conduzcan vehículos automotores, tanto por su seguridad como por la de los demás.
En términos generales, los ciudadanos han aplaudido la implementación del alcoholímetro porque están conscientes de que con ello se trata de evitar, en la medida de lo posible, un mayor número de accidentes con saldos de víctimas mortales. Pero como en todo, también hay voces que los critican porque, según afirman, constituyen un “atentado” contra su derecho de libre tránsito.
¿Pero, realmente lo es? Los auténticos ciudadanos, que valoran la sobriedad como una virtud cívica, no tienen ninguna objeción cuando algún agente de policía les indica que se detengan un momento y, cortésmente, les piden que soplen en la pipeta del alcoholímetro. En cambio, los “junior” y demás “bebedores sociales”, un eufemismo que suelen utilizar los que se niegan a admitir su adicción al alcohol, arman todo un alboroto e inclusive inventan que esa estrategia no es más que una forma de obligarlos a dar “mordidas”. En el colmo de la irresponsabilidad, en Yucatán han surgido incluso algunos sitios en redes sociales que “alertan” a los beodos sobre dónde están los operativos, para que los evadan.
Evidentemente, las corporaciones policiacas no sólo no deben ceder ante estos chantajes sino que deben hacer esfuerzos por ampliar el número de alcoholímetros para tratar de proteger a más ciudadanos de quienes son indignos de portar una licencia de conducir por su manifiesta irresponsabilidad.