El día de hoy, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó dos propuestas de reformas constitucionales para reorganizar el aparato administrativo mexicano con el objetivo de hacerlo más eficiente en el combate a la corrupción.
Propone crear una Comisión Nacional Anticorrupción, como un organismo constitucional autónomo, que tenga facultades para investigar y castigar actos de corrupción en materia administrativa.
Podrá atraer casos de corrupción que ocurran en estados y municipios, así como investigar y sancionar a servidores públicos, a personas físicas y morales que participen o instiguen casos de corrupción.
Podrá actuar de oficio, a partir de denuncias o reportes ciudadanos.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte actos de corrupción en la cuenta pública, los turnará a esta Comisión.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte actos de corrupción en la cuenta pública, los turnará a esta Comisión.
La creación de este órgano resultará en la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.
En este mismo marco, la reforma propone la creación de Comisiones Estatales Anticorrupción y en el DF, autónomas respecto al ente nacional. Las Comisiones Anticorrupción Nacional, Estatales y del DF aplicarán la Ley Federal Anticorrupción, en sus respectivos ámbitos.
Esta propuesta irá acompañada de la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública que será encabezado directamente por el Presidente de la República con la participación de miembros de la sociedad civil organizada, el Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción en calidad de Secretario Técnico, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del D.F., los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y el Procurador General de la República, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación y el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.